Presentará Gobierno del Estado un recurso de impugnación por la improcedencia de la suspensión y uno de queja por la violación a la secrecía de las investigaciones; ministros deben asumir la revisión de lo que ha hecho el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte
El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, calificó de vergonzoso y escandaloso, que el ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un acuerdo de suspensión contra el combate a la corrupción y que ordene entregar las investigaciones que se realicen, vulnerando la secrecía que debe reinar en los procesos judiciales.
Por ello, señaló, se presentarán de inmediato dos recursos en contra de la admisión de la Controversia Constitucional de Enrique Peña Nieto: uno de impugnación del acuerdo que es a todas luces improcedente y otro, una queja en contra del incidente por el que se piden las copias de todas las actuaciones ministeriales.
“Estos recursos los habremos de presentar inmediatamente, porque creemos que el conjunto de la Corte o al menos una parte de la Corte, debe asumir la revisión de lo que ha hecho el ministro Medina Mora y atajar de una vez por todas esta pretensión inadmisible de seguir manchando al Poder Judicial Federal en su estela de corrupción del gobierno federal”, indicó durante una entrevista en cadena nacional con la periodista Carmen Aristegui.
El gobernador informó que, dado que la Controversia es en contra de los tres poderes del estado de Chihuahua y de la Fiscalía General, se tomó la decisión con el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de interponer los recursos, ya que la suspensión obliga al Estado a entregar las investigaciones en un plazo de 30 días.
Señaló que el presidente Enrique Peña Nieto hace uso de los instrumentos del estado porque siente que se le investiga por el conjunto de los hechos y luego de que él señalara que las cinco nuevas órdenes de aprehensión que obsequiaron los jueces de control contra César Duarte, las presentarían hasta que llegara el próximo Gobierno de la República, a consecuencia de la actuación mostrada por la Procuraduría General de la República en este caso.
“Se está dispensando un mecanismo de protección personal a partir de instrumentos legales porque obviamente se siente afectado, siente que se le investiga por el conjunto de los hechos que conocemos todos; uno de los intereses muy marcados es conocer de qué se tratan las cinco órdenes de aprehensión que fueron otorgadas por los jueces de control contra César Duarte y con las cuales acumularía 20”, dijo el gobernador y aclaró que no conoce el contenido de dichas órdenes, solo los ministerios públicos encargados del caso.
Añadió que todo mundo sabe que hasta ahora no se ha procesado en Chihuahua a ningún funcionario federal y no hay señalamiento directo o imputación en contra de ninguno, “sólo se ha dicho que las investigaciones que Chihuahua ha realizado, demuestran el modus operandi de la corrupción política nacional que a través del desvío de recursos públicos y la triangulación de empresas fantasmas, allega recursos al PRI nacional y que a través de estos hechos hay alguna responsabilidad indiscutible de funcionarios de la Secretaria de Hacienda y además hemos dicho que son hechos que deben ser investigados en su conjunto por las instancias correspondientes”.
Aclaró que Chihuahua se ha encargado de lo que al fuero común le corresponde, porque “tampoco sabíamos que los funcionarios del PRI, así sea el secretario adjunto, tuvieran carácter de funcionarios federales, por ser dirigentes nacionales de un partido”.
El gobernador Javier Corral sostuvo que la admisión de la Controversia es inédita y a todas luces, notoriamente improcedente, pero lo verdaderamente vergonzoso, escandaloso, son los términos de la suspensión que ordena entregar copia de todas las actuaciones reclamadas como inválidas: indagatorias, investigaciones, actuaciones y hasta las reuniones de la Fiscalía General del Estado.
No se habla, explicó, propiamente de vinculaciones a procesos o de la acción penal persecutoria ya derivada de judicializaciones, esto es, de asuntos que han sido ya colocados en manos de jueces, sino que en realidad lo que pretenden es conocer las investigaciones del Ministerio Público de Chihuahua.
Abundó que en primer lugar, eso plantea una violación a la secrecía de las investigaciones que se realizan por parte del ministerio público que investiga hechos no personas y que de la investigación de los hechos surgen presuntas responsabilidades que pueden ser del fuero común o federal y según el caso, el MP ha de tomar el camino legalmente correcto.
“Entonces lo que se está buscando es un paso más del plan de impunidad tras sexenal, conocer las investigaciones. Está aquí en toda su dimensión un acto de protección personal, donde el presidente de la República utiliza los instrumentos de gobierno para blindarse e intentar arrastrar a la Suprema Corte, en su desesperación, al desprestigio en el que se sumió el Gobierno que encabeza”, señaló.
Sostuvo que el resto de los ministros de la Suprema Corte deben valorar en su justa dimensión los términos de la suspensión emitida por un ministro que, en efecto, es un personaje muy cercano al presidente Enrique Peña y es algo que sin duda ha influido: “es algo que los ministros deberán de valorar en su justa dimensión y no creo que quieran que la Corte siga siendo manchada, arrastrada por este régimen”.
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