Manuel Guadarrama sugirió incluso “blindar” la propuesta para que, de prosperar, sea totalmente transparente
La coordinadora nacional de Síndicos del Contribuyente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Virginia Ríos Hernández, declaró que la propuesta del secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes, de regresarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los estados, contribuiría a la legalidad de la economía.
Mientras que el coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Manuel Guadarrama, señaló que es un planteamiento innovador y sugirió que se debe “blindar” la propuesta con diversos candados para que, de prosperar, el acceso a la devolución sea totalmente transparente y con mecanismos de rendición de cuentas.
Durante su participación en el Encuentro Chihuahua: Hacia un nuevo Federalismo Tributario, que tuvo verificativo en el Museo Casa Chihuahua de la capital del Estado, la coincidencia fue también que la operación del Ramo 23 debe modificarse en su esquema actual.
Virginia Ríos enfatizó que entre las bondades que puede tener la propuesta Chihuahua de regresar el IVA a las entidades, está incentivar que los estados cumplan con las obligaciones de exigir comprobantes a los proveedores, para poder acreditar el IVA que están pagando.
Indicó que se pudiera cuestionar que ahora las entidades federativas van a querer pagar todo con IVA, para obtener más devoluciones, “pero al final de cuentas es un pagar y recuperar y eso contribuye a la legalidad de la economía”.
A su vez, Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, señaló que es un planteamiento bastante innovador, que tiene los incentivos correctos y no descobija rubro alguno para favorecer otro.
Se pronunció porque exista un consejo fiscal en el país, porque deben existir pesos y contrapesos, con división de poderes en la revisión de las finanzas públicas: “No puede ser posible que en pleno siglo XXI la Secretaría de Hacienda (del Gobierno Federal) sea la única especializada y con el personal técnico y capaz para revisar un presupuesto de egresos, las fórmulas o inclusive los criterios generales de política económica que a la fecha siguen sin ser totalmente claros; es necesario un consejo fiscal autónomo que asesore al Legislativo y que sirva como contrapeso en la aprobación del presupuesto”, asentó.
Por otra parte. Jaime Díaz Martínez, socio de Gossler Sociedad Cooperativa y miembro de Crowe Horwath International, lamentó la falta de documentación, soporte y explicación de los recursos del Ramo 23, mediante el cual, el Gobierno Federal distribuye recursos entre las entidades federativas, por lo cual es preciso que se transparente su utilización.
Dijo que en los últimos 10 años se hicieron reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, lo cual he generado opacidad en la información financiera.
Señaló que es necesaria la existencia de un regulador que editara la regla contable para la administración, independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puesto que actualmente quien dicta la regla es Hacienda y quien regula también es Hacienda, situación que debería modificarse.
Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, aseguró que el Ramo 23 no solo tiene efectos en el ámbito financiero y de calidad de vida, sino además es un instrumento de control político, cuyas asignaciones de recursos no correspondan al gasto directo de las dependencias ni de las entidades.
Indicó que solo el 8 por ciento de ese Ramo ha sido auditado por la Auditoria Superior de la Federación, lo cual habla de que a nivel federal mucho gasto no se revisa. Pero de ese dinero, 70 por ciento ha presentado problemas graves, como falta de comprobación de gasto o de plano un presunto daño. “Qué pasa con el 92 por ciento restante. Coincido plenamente con el gobernador de que el Ramo 23 irrumpe en el federalismo”.
El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, aseguró que este tipo de encuentros son necesarios para crear espacios de reflexión sobre la tarea de gobernar, que es no solo actuar sino también pensar.
Recordó que siendo gobernador de Michoacán presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio constitucional por incumplimiento del convenio de Coordinación Fiscal, que se equipara a una controversia constitucional, porque esa ley aprobada en 1979 y que entró en vigor en 1980 perseguía un fin diferente al que tuvo y que cada vez agudiza más el control sobre las entidades federativas.
Consideró que esa ley debería derogarse la Ley de Coordinación Fiscal y buscar un nuevo mecanismo semejante a la Convención Nacional Hacendaria que intentó el Presidente Vicente Fox, donde haya dialogo y búsqueda de una solución federalista.
El especialista Tamon Takahashi Iturriaga, advirtió que acotar el problema del Ramo 23 no es minimizarlo, sino que a partir de la lógica de que mientras más claro se tenga en punto específico, surgirán mejores respuestas para solventar la problemática.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario