Jamás vamos a negociar impunidad por recursos públicos advierte el Gobernador de Chihuahua en entrevista con Aristegui Noticias; adelanta que la investigación sobre desvíos al PRI nacional continuará “hasta donde tope”
Nos preocupa que quieran fabricar el delito de tortura en el caso de Alejandro Gutiérrez, dijo el Gobernador Javier Corral, y reiteró que “nosotros no vamos a negociar jamás impunidad por recursos públicos”, por lo que la investigación de triangulación de fondos a las campañas del PRI nacional seguirá “hasta donde tope”.
En entrevista con Aristegui Noticias, el mandatario estatal destacó que hasta hoy Alejandro Gutiérrez no ha declarado una sola palabra, ni en la audiencia preparatoria ni en la de vinculación a proceso, es decir, no hay declaración ministerial de él que pueda haber sido dado bajo alguna coerción, ni siquiera sicológica.
“Nada, no ha declarado absolutamente nada. A él le hemos acreditado por una serie de pruebas documentales, testimoniales, periciales, electrónicas, su responsabilidad, porque pudimos seguir la ruta del dinero, porque pudimos tener fechas, horas, el depósito, trasferencias. Él no ha dicho ‘esta boca es mía’. Nadie vaya a pensar que él ha estado diciendo cosas, no ha hablado nada, ni en su defensa”, explicó.
Sin embargo, indicó que se tienen elementos suficientes para continuar y ensanchar la investigación sobre corrupción política que Chihuahua ha demostrado para todo el país porque “para eso no necesitamos a Gutiérrez, tenemos nuestro propio trabajo de investigación”.
“Yo vine a eso a Chihuahua, vine a romper el pacto de impunidad y en ello, aunque me vaya la vida, voy a cumplir”, expresó el mandatario en el programa en el que, además de Carmen Aristegui, participaron con preguntas Denise Dresser y Lorenzo Meyer.
El Gobernador señaló que se va a defender el caso porque a Chihuahua le interesa que Alejandro Gutiérrez esté sujeto al proceso de la causa y a disposición del juez estatal, “¿por qué?, porque así lo dice la ley y nos ha preocupado que quieran fabricar un delito de tortura”.
“Yo pienso que están jugando con el pueblo de Chihuahua, con este tipo de declaraciones, de tratar de intentar el delito de tortura y todo eso, porque acá sí se sabe todo lo que pasó, la gente sabe todo lo que hicieron, como lo hicieron”, agregó Javier Corral.
Dijo también que nunca el abogado defensor ha dicho que Gutiérrez es inocente, ni el PRI ha salido a decir que no lo hizo y nadie ha dicho que no sea el responsable de los cargos que se le imputan.
“Todo mundo está hablando de que se le torturó. ¿Y qué es lo que está en la preocupación? ¿Qué él vaya a responsabilizar a otros? A ver, si él lo hace o no lo hace, eso no condiciona nuestras investigaciones. Nosotros tenemos por sí mismo, elementos suficientes para continuar, ensanchar y acreditar la propia investigación, con la declaración o no de Gutiérrez”, indicó.
Consideró como muy, muy delicado que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ya tenga una conclusión cuando aún la Procuraduría General de la República (PGR) no cierra las indagatorias que inició sobre la supuesta tortura, al día siguiente de que la defensa, el PRI Nacional y José Antonio Meade, lanzaron su estrategia con ese tema.
“Nos preocupa porque no es esa la función de la Secretaría de Gobernación, ¿dictaminar el debido proceso?, y segundo, porque han ellos abierto una carpeta de investigación para eso, bueno, hasta se creó una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura”, agregó.
El Gobernador explicó así la importancia de se aplique el Protocolo de Estambul antes de que Gutiérrez sea trasladado a un penal federal: “¿Por qué hemos insistido en esa certificación? Pues por todo este cuento que traen de fabricar el delito de tortura. ¿Por qué quieren fabricar este delito de tortura? Porque lo que ellos quieren, la intención en el fondo es quitarle la medida cautelar de un año de prisión preventiva a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y transferírsela o cambiársela por otras medidas cautelares previstas en la ley”.
Javier Corral manifestó su oposición a que la prisión preventiva pueda ser revertida, porque desde la Fiscalía General del Estado se considera que Gutiérrez puede evadirse de la acción de la justicia en Chihuahua, para no responder por los delitos que cometió y que están debidamente acreditados ante un juez de control.
Indicó que Gutiérrez tiene que responder de lo que hizo en Chihuahua, en esta triangulación de recursos públicos, depositados por Hacienda, que luego se triangularon a través de empresas fantasmas y que fueron a parar al PRI nacional.
Recordó que el juez determinó darle un año de prisión preventiva, luego de que los fiscales acreditaron en las audiencias públicas la peligrosidad del detenido, con testimonios que señalaron a Alejandro Gutiérrez en una declaración muy relevante, cuándo preguntó “¿y ese por qué sigue vivo?”, en relación a la persona que había proporcionado las facturas que lo relacionaron al caso.
“Por eso nos vamos a oponer a que intenten quitarle esa medida cautelar y ¿cuál es el caso con el que se pudiera llevar a cabo?, pues que nos fabriquen el delito de tortura, para que entonces le puedan conceder ese cambio de medida cautelar. De ahí la gravedad de lo señalado ayer por el secretario de Gobernación, está publicado en el periódico Reforma: “En el penal de Chihuahua no se ha llevado a cabo el debido proceso”.
Javier Corral dijo que debe quedar claro que el Gobierno del Estado siempre ha mostrado disposición para trasladar a Alejandro Gutiérrez del penal estatal al Cefereso número 9, como muestra de que no se está ocultando nada, siempre y cuando no salga de la jurisdicción de Chihuahua y siga respondiendo por los delitos que cometió en el estado.
“Siempre hemos dicho que nos interesa desbaratar todo este cuento que empezó Meade con el tema de la tortura”, reiteró.
Agregó que si no es Human Rights Watch la organización internacional que certifique la aplicación del Protocolo de Estambul, se buscará una de igual o mayor prestigio, incluso el mandatario dijo que podría atenderse la recomendación de HRW sobre una institución especializada en la aplicación de ese manual.
Cuestionado sobre la forma en que de nueva cuenta se ha tensando la relación con el Gobierno Federal luego de que ya se habían logrado los acuerdos en la Secretaría de Gobernación, Javier Corral consideró que se ha producido una visible diferencia entre una parte del Gobierno y la campaña de José Antonio Meade y el PRI nacional.
“Lo increíble es que varios de los aliados de Meade y del PRI hayan salido a cuestionar el acuerdo, porque les caló, en términos reales, les dolió muchísimo, que el Gobierno haya tenido que rectificar con relación a las dos demandas que el pueblo de Chihuahua planteó en esta Caravana”, indicó.
Explicó que en el acuerdo quedó plasmado que el proceso de extradición de César Duarte se haría con base en las 11 órdenes de aprehensión más las que se acumulen porque hay abiertas otras carpetas de investigación, además de que se haría efectivo esta semana el depósito de los 900 millones de pesos “lo que no es ninguna concesión del Gobierno Federal, no es ninguna negociación de recursos adicionales a Chihuahua, es lo que nos habíamos convenido que nos transfirieran, y que nos retuvieron de manera indebida”.
“Sin embargo –indicó el mandatario– ahora ese tema se ha colocado como un elemento de distorsión, ahí se ha ido toda una campaña de descalificación, pues para tratar de minar precisamente lo que ha logrado: un movimiento que trascendió a los propios partidos y que conquistó adhesiones de muchos ciudadanos”.
Detalló que desde el domingo se presentó una andanada de diferentes sectores del PRI con este tema y se produjeron por la tarde unas declaraciones que consideró muy lamentables de parte de Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación.
“A mí me preocupa muchísimo la declaración, más allá de esa de que ‘no vamos a acelerar el proceso de extradición’, pues porque eso está en el acuerdo, para eso fuimos, para que se acelerara y nos dieran las garantías de que se iba a solicitar realmente la extradición con base en la ley, en los tratados, que no iba a haber mano negra, que no iban a generar una simulación para que luego se vayan cayendo las acusaciones”, agregó.
Dijo que varios aliados de José Antonio Meade salieron a calificar de una entrega el acuerdo, y fueron los mismos que primero habían salido a cuestionar el tema, incluyendo a los voceros de la campaña.
“Les ha calado y me parece no ha sabido rectificar el PRI, lo que más me preocupa, insisto, de las declaraciones del secretario de Gobernación, es esta parte donde ha señalado que en el penal de Chihuahua no se ha llevado a cabo el debido proceso”, detalló.
Consideró que esta declaración sí enrarece ese ambiente que se había propiciado desde la firma del acuerdo y en el cierre de la Caravana en el Hemiciclo a Juárez, donde reconoció en el discurso los buenos oficios de Navarrete Prida, para alcanzar una salida digna y honorable, en la que imperara el diálogo y el consenso.
“¿Y por qué nos preocupa? Pues porque siempre hemos sostenido que en el tema del traslado de Alejandro Gutiérrez, lo importante no es si está en un penal estatal o federal, te lo digo sinceramente, para nosotros en términos del proceso judicial que se lleva en Chihuahua, si está en un penal estatal o en un penal federal, no tenemos ningún problema, el tema es que siga en la jurisdicción del Estado de Chihuahua, sujeto a proceso por el juez de su causa, que es el juez local, y eso quedó en el acuerdo”, destacó el gobernador.
“¿Conoce ya el secretario de Gobernación el resultado de las periciales de la Procuraduría General de la República? ¿Ya conoce el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? O es simplemente que ha mostrado la intencionalidad en torno del proceso que se lleva a cabo, en torno de la investigación de tortura”, agregó el titular del Ejecutivo estatal.
Recordó que el 30 de enero, mediante un oficio formal del fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, se solicitó a Human Rights Watch (HRW), aplicar y dar cumplimiento estricto al Protocolo de Estambul, precisamente para tener una certificación de que el detenido había sido respetado en sus derechos y se había llevado el debido proceso.
El Gobernador dijo que le sorprendió que HRW haya respondido oficialmente que no podrían llevar a cabo esa tarea porque no cuentan con personal especializado, cuando previamente el director para las Américas de la organización había mostrado su disposición.
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